domingo 17 de junio de 2007

Declaracion al gobierno de Uruguay

Gracias Diputado Gandini de Uruguay, por apoyar la libertad de expresion en Venezuela.
DECLARACIÓN RADIO CARACAS TELEVISIÓN
Sesión de Cámara de Representantes
Miércoles 13 de junio 2007
Exposición del Diputado Jorge Gandini

DIPUTADO GANDINI: Señor Presidente: el Cuerpo tiene a consideración una moción de rechazo y repudio a la actitud del Gobierno venezolano al no permitir la renovación de la licencia de Radio Caracas Televisión. Aspirábamos a un pronunciamiento previo al 27 de mayo; el hecho aconteció y hoy corresponde que el Cuerpo se pronuncie repudiando esta violación a uno de los derechos que custodia el Derecho Internacional. Para ello, entonces, vale la pena determinar el marco de esta discusión; que considero puede ser dura, pero debe ser seria y bien aprovechada. Tal vez pueda ser de esos debates que, cada tanto, nos hacen bien.

El marco de esta discusión no puede ser el que se ha planteado en esta Sala. Si vamos a determinar la conducta del pasado de Radio Caracas Televisión y de otros medios televisivos de aquel país con relación al intento de golpe de Estado al que se hace alusión, deberíamos entonces referirnos al hoy Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, cuando en 1992 se alzó contra el Gobierno legalmente constituido de Carlos Andrés Pérez y cuando el 3 de febrero se levantó en armas y atentó contra la Constitución de la República de su país. Es un golpista; porque cualquiera que lo fue, no deja de serlo. Sin embargo, creo que no es afortunado ubicar esta discusión en ese mezquino parámetro; me parece que tenemos que ubicarla en otro lado.

La discusión de hoy tampoco debe ponerse en la posición de si este es o no un tema interno del Estado de Venezuela, porque todos los que estamos acá tenemos antecedentes como para no poder sostener esa teoría. Nos hemos ocupado en reiteradas oportunidades de asuntos de otros países que, por ser violatorios o atentatorios de derechos que protege la legislación internacional ‑que para nuestros países es legislación interna‑, dejan de pertenecer al fuero interno de la soberanía de un país y pasan a ser patrimonio de la humanidad. Y este, el derecho de la libre expresión, es parte de numerosos documentos de los cuales nuestros países, tanto Venezuela como Uruguay, somos signatarios en el ámbito de la OEA, de las Naciones Unidas y de Cartas que nos involucran a todos en materia de derechos humanos. Por lo tanto, no es este un tema que pertenece al fuero interno de aquel país; es obligación de todas las naciones democráticas del mundo levantar la voz cuando se violan derechos universales. Si esto fuera cierto, no podría estar instituida en la base de creación del MERCOSUR la cláusula democrática, porque no sería posible que otros países pertenecientes al MERCOSUR censuraran a uno de sus miembros si viola el principio democrático, ya que podría decirse que ese es un tema de aquel país; y no lo es.

Hoy en el mundo hay cosas que, por suerte, son supranacionales. Hay bienes jurídicos que están tutelados por el Derecho Internacional, y cuando un país es signatario de esos Tratados y sus órganos internos soberanos los aprueban, pasan a ser derecho interno y, en la sumatoria, derecho de todos. Y este es un tema que nos pertenece; así que vamos a ubicarlo donde está. Y está en que en aquella República que pretende ingresar al MERCOSUR ‑tarea que le es cada vez más difícil‑, su Presidente, por razones ideológicas, argumentando o fundándose en la línea editorial de un medio que no es afín al Gobierno, eligió el camino de no renovar su licencia, que es igual a clausurarlo definitivamente.

Digo que es igual, porque si no se recorren los caminos que la legislación internacional y, -sobre todo en este caso‑, la nacional establece para cancelar un permiso, se incurre en la arbitrariedad y en la decisión autoritaria de castigar la línea editorial de un medio de comunicación, lo que está estrictamente referido y prohibido por la Carta Interamericana de Derechos Humanos.

Quiere decir que estamos rechazando y repudiando la acción todopoderosa de un gobernante que ha hablado ya sucesivas veces de la construcción de un partido único, que se ha ocupado de ir eliminando todas y cada una de las manifestaciones opositoras a su línea de pensamiento y de gobierno, y que ha perseguido y castigado a cuantos ciudadanos se le han opuesto. Para ello, basta mencionar aquella Lista que llevó, en principio, el nombre de un Diputado de aquel Gobierno, por la cual los tres millones de ciudadanos venezolanos que firmaron el recurso revocatorio fueron perseguidos de manera similar a la de los uruguayos en plena dictadura, cuando fueron catalogados como A, B y C.

A partir de aquella Lista, que luego dio en llamarse "Maisanta" ‑el nombre de un famoso asaltante de caminos venezolano‑, todos los que firmaron dejaron de ser funcionarios públicos, de acceder a créditos estatales, de poder ser beneficiarios de planes de vivienda, entre otras cuantas medidas que el Gobierno pudo emplear para sancionar a quienes, en utilización de un recurso constitucional, se levantaron pacíficamente contra una medida de Gobierno. Estas y otras situaciones podrían ser mencionadas, y en este contexto debe ser discutido el cierre de Radio Caracas Televisión.

Sin todo esto no podríamos entender por qué un día después, el 28 de mayo, cuando amanecieron en silencio las ondas y la señal de Radio Caracas Televisión y solo quedaba la expresión de un pueblo que rechazaba esa arbitrariedad, el Presidente de la República de aquel país decía a "Globovisión" y a otros medios que iban a ser sancionados de igual manera. Dispuso el pasaje de las tomas que aquellas otras cadenas de televisión hicieron de las protestas populares a una Justicia muy cuestionable en Venezuela; dijo que ese canal, en forma abierta y clara, había incitado a que lo asesinaran, por lo que recomendó a la directiva de esa cadena que se "tomen un calmante y cojan mínimo" ‑expresión venezolana, que refiere a disminuir la velocidad‑, "porque si no, yo les voy a aplicar el mínimo" a Globovisión "y a cualquier otra emisora de radio que se demuestre a todas luces que esté incitando y manipulando sentimientos en contra del Gobierno". Y dijo que estas incitaciones al magnicidio habían sido inspiradas por las tomas o por las imágenes que había difundido ese canal del atentado que Juan Pablo II había sufrido durante su período y con relación a una melodía de Rubén Blades.

No hay casualidades. Hay una línea clara del Gobierno venezolano -que pretende ser socio del MERCOSUR-, violatoria de nuestro modo de vida, violatoria de nuestras reglas de convivencia, violatoria del contrato social que los uruguayos hemos hecho para vivir en democracia y pacíficamente; y que por suerte hemos logrado con una cuota parte de nuestro esfuerzo que se vaya extendiendo a muchos otros países que, igual que nosotros, perdieron la democracia, la libertad y la tolerancia. Debemos reaccionar frente a esto como reaccionó el Congreso de Chile, como reaccionó el Senado de Brasil, como reaccionó el Parlamento Europeo, como reaccionaron infinidad de organizaciones e instituciones de todo el mundo. Lo hizo la Asociación Europea de Radios, que nuclea a más de cuatro mil quinientas estaciones de doce países, que dice que rechaza esa medida que se basa en el fin de la licencia de Radio Caracas, y manifiesta argumentos muy graves sobre la intención que encierra la medida.

Lo dicen organizaciones nacionales prestigiosas como ANDEBU, que denuncia la sustitución de las emisoras de Radio Caracas Televisión por la de un nuevo canal estatal, que utiliza la misma frecuencia sin que se haya cumplido con ningún procedimiento abierto y garantista para su adjudicación. Denuncia además la confiscación por el Gobierno venezolano de las infraestructuras y equipamientos de transmisión de Radio Caracas Televisión para ser utilizados por una nueva señal. Estas denuncias se agregan a las anteriores, porque el Gobierno venezolano no solo clausuró la señal sino que se apropió de los medios con que aquella trasmitía para sus fines.

Lo dice la Federación Internacional de Periodistas en declaraciones de su Directiva, pero también en la reunión de su Congreso Mundial, que se realizó en Moscú. La Federación Internacional de Periodistas, a la que están afiliadas más de cien organizaciones de todo el mundo, rechaza esa decisión por unanimidad, y califica aquel episodio como uno de los momentos más oscuros de la historia venezolana. Esta declaración dice en su parte final: "Condenar de la manera más enérgica el ataque sistemático, por parte del actual gobierno venezolano, a la libertad de expresión y la eliminación de RCTV como un canal de televisión libre e independiente". [...] "Llamar a las organizaciones de derechos humanos e instituciones, que velan por los derechos universales de la libertad de expresión y del trabajo, a condenar las acciones de fuerza aplicadas en contra de RCTV y mantenerse alertas frente a la imposición de un sistema comunicacional hegemónico por parte del gobierno venezolano". No son otros que los trabajadores del mundo unidos, los periodistas del mundo, que no parecen tener miedo a entrometerse en asuntos que unos llaman internos de Venezuela cuando tienen que levantarse frente al atropello.

Del mismo modo, la Asociación Internacional de Radiodifusión ‑AIR‑ expresa su profundo rechazo a esa decisión que arremete grave e irreparablemente contra el principio de la libertad de expresión, eliminando una voz crítica a su acción de gobierno, por lo que la democracia venezolana es hoy más pobre tras esa decisión injustificada y autoritaria. Además, dice: "AIR desea afirmar que Venezuela está siguiendo un peligroso camino hacia el autoritarismo y el amedrentamiento de los Medios de Comunicación y de los ciudadanos en general, eliminando las voces críticas y pretendiendo perpetuarse en el poder a través de todos los recursos económicos y legislativos que le permitan asegurarse un clientelismo electoral, eliminando cualquier posibilidad de alternancia en el poder que es la esencia, junto al papel crítico de los Medios de cualquier sociedad democrática".

Lo dice el Parlamento Europeo, al que tampoco le pesa que este hecho haya sucedido en un país de otro continente. Refiriéndose a él expresa: "Considerando que el pluralismo de los medios de comunicación y la libertad de expresión son un pilar indispensable de la democracia". Con esto creo que coincidimos todos los aquí reunidos. Continúa: "Considerando que la libertad de los medios de comunicación es de fundamental importancia para la democracia y el respeto de las libertades fundamentales, teniendo en cuenta su función esencial en la garantía de la libre expresión de opiniones e ideas y su contribución a la participación efectiva de las personas en los procesos democráticos". [...] "Considerando que Venezuela ha suscrito" ‑atención aquellos que velan por el derecho interno de Venezuela con lo que dice aquí‑ "el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos". Continúa diciendo: "Recuerda al Gobierno de Venezuela que es su obligación respetar y hacer respetar la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de prensa, obligación establecida en su propia Constitución, en la Carta Democrática Interamericana, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los que Venezuela es parte signataria".


Hay innumerables Organizaciones No Gubernamentales e instituciones gubernamentales, Parlamentos nacionales y organismos internacionales de toda característica; no voy a leer los de la OEA o los de Amnesty International o los de Periodistas sin Fronteras o los de tantos otros -que han venido aquí más de una vez como buenos socios de causas nobles-, a los que hoy se rechaza por no coincidir con ellos. Quiere decir que estamos bien acompañados en este rechazo. Creo que hay que ubicar esta situación en ese contexto.

Para que vean, también debo expresar que los socialistas de Francia dicen cosas muy similares a las que el Partido Nacional propone que hoy diga este Parlamento. Dice el comunicado del Partido Socialista francés: "El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha renovado las licencias de emisión del Canal privado Venevisión y del Canal del Estado, Venezolana de Televisión.- En cambio ha otorgado el canal de la cadena privada RCTV, Radio Caracas Televisión, a TVS, Televisora Venezolana Social, canal público recientemente creado.- RCTV ha sido sancionada, de acuerdo a la versión oficial, por haber apoyado el intento de Golpe de Estado de 22 de abril de 2002". Argumento que también se ha usado aquí en Sala. "El Partido Socialista se asombra que esas graves acusaciones no hayan sido objeto de persecución después del 22 de abril de 2002 frente a los tribunales competentes.- Por la falta de tal paso judicial la no renovación de la concesión a RCTV aparece como una sanción política afectando el derecho de expresión.- Esta decisión es más preocupante porque el equilibrio democrático estaba hasta ahora asegurado por los medios, el Presidente controla el Ejecutivo, el Legislativo y las Fuerzas Armadas.- Comunicado del Secretariado Internacional.- Jueves 31 de mayo de 2007". Hay compañías respetables a la posición que queremos que este Parlamento tome.

Quiero terminar mis palabras haciendo una reflexión. Creo que no es sano que utilicemos la conveniencia política para tomar decisiones en materia de principios. Sabemos que el Gobierno venezolano de turno ha colaborado y promete colaborar más con este Gobierno. Pero el rico patrimonio de los orientales no puede ser un precio para los principios. Ya nos hemos equivocado, más unos que otros, en ese terreno de confundir conveniencias con principios.

Se vuelve a equivocar nuestra Central de Trabajadores cuando el mes pasado emite un comunicado, no solo apoyando el cierre de Radio Caracas Televisión, sino además repudiando a quienes llamamos la atención por esa medida del Gobierno venezolano, y lo hace utilizando términos que le son propios e históricos. Habla de que Radio Caracas es un poderoso grupo económico privado, que ha sido usufructuario durante cincuenta y tres años de la privatización del espectro radioeléctrico. Habla de que Radio Caracas Televisión compone un latifundio mediático que ha dedicado todos sus esfuerzos a hostigar sistemáticamente el proceso de fortalecimiento popular y democrático, etcétera.

Creo que el país tiene historia reciente. El diario "El Popular", órgano oficial del Partido Comunista del Uruguay, con fecha 11 de febrero de 1973, editorializaba sobre los sucesos de aquel tiempo y se equivocaba escandalosamente por confundir conveniencia con principios.

Decía en aquel tiempo y lo voy a leer porque viene al caso: "Pensamos que es razonable que las Fuerzas Armadas, que no se consideran 'una simple fuerza de represión o vigilancia', quieran dar su opinión sobre la problemática del país [...]".Dice más adelante: "Y si hay una 'realidad' que debe ser cambiada y las Fuerzas Armadas no quieren ser el brazo armado de grupos económicos y políticos que pretendan apartar a las Fuerzas Armadas de sus fines; es imprescindible que se conozca su pensamiento". Y ‑digo yo‑ justificaba así los comunicados 4 y 7 de los primeros días de febrero de 1973.

Continúa más adelante el órgano del Partido Comunista del Uruguay: "Para quienes, como nosotros, consideramos que el dilema del país es oligarquía o pueblo, no puede haber otra opinión.- Nosotros hemos dicho que el problema no es el dilema entre poder civil y poder militar; que la divisoria es entre oligarquía y pueblo, y que dentro de éste caben indudablemente todos los militares patriotas que estén con la causa del pueblo, para terminar con el dominio de la rosca oligárquica".

No hemos escuchado mucha autocrítica de esto, pero cuando tenemos frente a nosotros evidencias tales como esta, debemos por lo menos en el fuero íntimo asumir que hay errores que no se pueden cometer dos veces. Estamos frente a un episodio que en Venezuela constituye un escalón más, una escalada más en una democracia que está en proceso de convertirse en autoritarismo. Lo digo haciéndome responsable de mis palabras y sin ningún temor a lo que digo. Es el sueño del Presidente venezolano gobernar hasta el año 2035 y tener partido único. Son sus palabras que se reiteran una y otra vez.

No podemos compartir ese sueño. Debemos solidarizarnos con las expresiones democráticas del pueblo venezolano y debemos reaccionar cada vez que se viola un principio y un derecho humano internacional, suceda donde suceda, en el país que sea, con el signo del gobierno que tenga y en el tiempo que sea, porque los principios no pueden estar tan altos como para que se pase por debajo de ellos, para un lado o para el otro cuando se quiera. No es para eso que se ponen en alto. Se ponen en alto para que nos guíen y cuando nos duelen prendas; porque se violan cerca de nosotros, debemos tener la grandeza de reaccionar igual que si los violan nuestros adversarios o enemigos. De eso se trata. Eso es lo que debemos custodiar.

Este Parlamento debe tener la dignidad de decir al Gobierno venezolano que recapacite, que revise su decisión, sin agravios, como dice la declaración. Y debe, además, llevar este tema a los ámbitos en los que comparte con otros Parlamentos el debate en la construcción de una región más democrática y más libre: al PARLATINO, a su Comisión de Derechos Humanos, y al Parlamento del MERCOSUR, de reciente creación, que presidirá a partir del próximo 25 de este mes un uruguayo, miembro de este Parlamento, que estamos seguros de que nos honrará como uruguayos al frente de nuestra delegación y de aquel órgano. Creemos que nuestra delegación parlamentaria debe llevar allí temas como esta para introducir al orden del día de sus debates, que no son menores, que le son propios, porque si algo debe debatir un Parlamento es acerca de la vigencia de los derechos al interior de aquellos países que son miembros de ese Parlamento o aspiran a serlo.

Señor Presidente: esa es nuestra recomendación y nuestro deseo. Ojalá tengamos madurez para podernos liberar de los compromisos políticos y ser capaces de decir lo que hay que decir, cuando está mal, aunque nos pueda traer alguna sanción económica o repercusión. Brasil lo ha hecho y creo que el Parlamento uruguayo no puede ser menos.

Montevideo, 13 de mayo de 2007.

Etiquetas: , , ,