sábado 3 de noviembre de 2007

El Zarpazo

Reportaje Revista Cambio
El zarpazo
La revista colombiana Cambio presenta un trabajo acerca de la reforma constitucional. Allí, se destaca que el proyecto, que acaba de ser sancionado, "le dará poder (a Chávez) para reelegirse per secula seculorum, más controles sobre la propiedad privada, manejo del Banco Central y una extensa figura del "Estado de excepción" bajo la cual desaparece el debido proceso tal como se conocía y garantías fundamentales como la libertad de expresión".
Cita:
COMO EL BUEN JUGADOR de ajedrez, el presidente venezolano Hugo Chávez ha movido sus últimas fichas para poner la democracia donde la quería tener: en jaque. Esta semana quedó sancionada en Venezuela una ambiciosa reforma constitucional que, entre otras cosas, le dará poder para reelegirse per secula seculorum, más controles sobre la propiedad privada, manejo del Banco Central y una extensa figura del "Estado de excepción" bajo la cual desaparece el debido proceso tal como se conocía y garantías fundamentales como la libertad de expresión.
Chávez y sus seguidores aseguran que se trata del nacimiento del Socialismo del siglo XXl. Pero la oposición y muchos críticos en el concierto internacional lo ven más como un disfraz del comunismo o la modernización de las políticas que impuso Fidel Castro en Cuba hace ya más de cuatro décadas.
Sin duda, el punto más polémico es el de la reelección. Bajo la nueva Carta el Presidente, de entrada, contará con un año más en el poder, pues el período pasa de seis a siete años, y le entregará la posibilidad de reelección inmediata sin límite de veces.
El argumento de los chavistas es que no debe interrumpirse la buena acción que esté realizando un gobernante y que, en todo caso, es el pueblo soberano el que debe decidir hasta cuándo otorga mandato a una persona. Para los detractores, sin embargo, la reelección ilimitada es un engendro posible por la ausencia de oposición en el Congreso y con el que busca extender el yugo de la llamada Revolución Bolivariana.
El proyecto, presentado por el Presidente Chávez el pasado 15 de agosto al Legislativo, pretendía inicialmente la modificación de 33 de los 350 artículos de la Constitución de 1999. Luego, aprovechando la mayoría -compuesta por 167 miembros del Parlamento que pertenecen a fuerzas de la coalición gubernamental- una comisión parlamentaria decidió elevar la propuesta a 63 artículos de carácter social, político y económico.
El articulado fue discutido por última vez el martes de la semana pasada y ahora, tras su sanción, debe pasar al Consejo Nacional Electoral (CNE), que tendrá 30 días para convocar un referendo en el que el pueblo votará para aprobarlo o rechazarlo.
Lo malo es que el CNE también es emientemente chavista.
Los derechos, amenazados El plan de Chávez incluye importantes y polémicas reformas. Por ejemplo, el artículo 337 que se refiere a los estados de excepción. La reforma busca que se elimine el límite de tiempo y se supriman los derechos al debido proceso y a la información.
Con ello, durante los regímenes de excepción que sean decretados "por razones políticas, militares, sociales y económicas", el Estado, a través de los cuerpos policiales, podría perseguir a cualquier persona sin restricciones de ninguna índole.
Así lo describe el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco: "Esta enmienda, de ser aprobada, le permitiría al Presidente Hugo Chávez invocar un estado de excepción para justificar la suspensión de ciertas garantías fundamentales que el derecho internacional califica como no derogables
(...)La historia reciente de América Latina demuestra que precisamente durante los estados de emergencia se hace necesario garantizar una sólida protección jurídica para prevenir abusos.
(...) De no existir dichas garantías, lo que históricamente ha prevalecido es el ejercicio brutal del poder.
El propio Fiscal venezolano, Isaías Rodríguez, lo ha criticado con dureza. "El debido proceso -dice Rodríguez- contempla derechos a la defensa y a la asistencia jurídica, que son inviolables. Entre ellos la presunción de inocencia, el derecho a ser oído y juzgado por su juez natural, y a no ser aprehendido sin un proceso debidamente conformado. Y no es constitucional ponerle límites", asegura.
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